Roma llamaba bárbaros a los
habitantes que vivían fuera de su territorio. Los bárbaros no sólo eran los
extranjeros, sino hacía referencia a los pueblos que solucionaban sus
conflictos fuera de la ley establecida por Roma. La primacía de las pasiones sobre
la razón y el poder ilimitado de la fuerza en la resolución de sus problemas
caracteriza a la barbarie. No cabe duda de que el legado más importante de la antigüedad
al mundo occidental es el Derecho Romano: el ordenamiento jurídico que reconoce
los derechos y deberes que tienen los ciudadanos para convivir en una sociedad.
El surgimiento de los estados modernos se construyó sobre la creencia de que la
mejor manera de resolver los conflictos era a través del respeto a las leyes reconocidas.
El Perú, a lo largo de su historia, ha vivido entre la civilización y la barbarie.
Ha pasado un mes exacto desde que
los peruanos vimos, nuevamente, cómo se solucionó un conflicto entre los
poderes del Estado. La disolución del Congreso por el Ejecutivo ocurrió el 30
de setiembre de 2019 y desde ese día, “ha corrido mucha agua debajo de este puente”.
Quizá la noticia más relevante de hoy fue la presentación del Plan de Gobierno
del Ejecutivo. Resulta absurdo cómo un Gobierno elegido democráticamente hace 3
años muestre recién sus metas a alcanzar. ¿Es posible que haya obstrucción de
alguna parte cuando no existía un rumbo fijo previo? ¿Por qué presentar un nuevo
plan si los que votamos por PPK-Vizcarra pusimos nuestra confianza en sus compromisos
electorales?
Ayer, el Tribunal Constitucional aceptó
la demanda competencial del presidente del Congreso para declarar inconstitucional
la disolución del Congreso por el gobierno de Vizcarra. Esto no ha tenido gran
impacto en los medios, pero considero que es un gran paso para dejar atrás la
barbarie que nos persigue. Los guardianes de la Constitución deberán resolver la
constitucionalidad de la disolución. Y aunque, el veredicto parece ya
predecible por la clara parcialidad de algunos miembros del Tribunal, creo, al
igual que muchos notables constitucionalistas, que la tarde del 30 de setiembre
se rompió el orden constitucional. En el imperio de la razón no existe el término
“denegación fáctica”. Si el Tribunal Constitucional acepta esta figura y todas
las demás acciones ilegales que cometió el Ejecutivo, como usar la cuestión de
confianza para invadir funciones del Legislativo, abrirá la caja de pandora sin
límites para futuros gobiernos. En el mundo civilizado la legitimidad de un gobierno
se basa en el respeto de la legalidad, no en lo que pide el pueblo porque la
voluntad popular siempre es apasionada, volátil y difícil de medirse.
Estas últimas semanas vimos cómo
nuestros vecinos resolvían sus conflictos propios. Algunos confunden un reclamo
popular justo con el uso de la violencia extrema. “La marcha más grande de
Chile” fue sin lugar a duda una manifestación popular digna de imitar porque
fue pacífica y dejó claro el mensaje; por el contrario, las “brisitas
bolivarianas” expresadas en marchas destructivas previas y caos posterior no
pueden ser alabadas. En el Perú, hay personas que amenazan con “incendiar la
pradera” si el fallo del Tribunal Constitucional le da la razón al Congreso o que
piden el cambio de Constitución debido a tantos cuestionamientos. Yo los llamaría
bárbaros modernos porque viven fuera de los límites de la ley. Fuera cual fuera
el resultado del Tribunal, un verdadero demócrata debería aceptar las
decisiones dadas. Allí se mide la virtud de los ciudadanos. Comparto la
indignación que generaba tener a congresistas mediocres (sobretodo por los
izquierdistas que pidieron que se vayan todos sin embargo son los primeros en
querer reelegirse); pero, respetar la división de poderes, la autonomía de las
instituciones y el orden constitucional establecido sin quebrarlo mediante la
violencia o apariencias legales nos separará totalmente de la barbarie y nos
colocará en el mundo civilizado.
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